¡No más indultos!

La historia de la Humanidad es larga y conoce muchas sentencias injustas. A veces los jueces se equivocan o cometen arbitrariedades. Ningún sistema es completamente seguro frente a los errores o las arbitrariedades; pero unos sistemas son mucho más seguros que otros.

Supongamos que la decisión de un juez fuera inapelable. En este caso, cualquier decisión que tomara determinaría el futuro de los juzgados. En España, la decisión que toma un juez puede ser apelada ante una instancia superior hasta llegar al Tribunal Supremo o, si se conculcan derechos constitucionales, ante el Tribunal Constitucional.

Los jueces no pueden dictar una sentencia infundada: en el derecho español se limitan a aplicar la legislación española. Ninguna ley puede ser contraria a la Constitución de 1978, actualmente vigente. Las Cortes Generales pueden derogar cualquier ley que consideren inadecuada.

Para que una condena sea injusta debería estar dictada siguiendo una ley inapropiada -lo que es improbable- o que el juez no actúe de la forma más adecuada. Frente a los posibles errores de un juez tenemos la garantía de que las decisiones judiciales tienen que estar de acuerdo con un sumario que necesariamente instruye otro tribunal. En este sumario, se analizan cuidadosamente los hechos.

Frente a las garantías para los ciudadanos que da una sentencia judicial, nos encontramos con la arbitrariedad de los indultos. Los indultos se rigen por una ley muy anterior a la Constitución que fue promulgada en 1870. El gobierno no tiene que justificar por qué concede un indulto: es una decisión completamente arbitraria.

Aquí encontramos la primera diferencia entre una sentencia judicial, que es una decisión fundada en unas actuaciones que pueden llegar a tener miles de páginas y que necesariamente es la aplicación de la ley española a un caso particular, y un indulto que, al no estar motivado, no tiene por qué guardar relación con ninguna ley ni con la actuación de la persona que fue condenada.

Las leyes se hacen persiguiendo el bien común, por unas Cortes elegidas por los españoles y pueden ser criticadas por los españoles en general y por los medios de comunicación españoles y extranjeros en particular. Frente a una ley injusta también existe la posibilidad de manifestarse o protestar. Una sentencia judicial es el fruto de estas leyes próximas a lo que los españoles consideran bueno.

Un indulto no tiene nada que ver con la ley o con lo justo: es una decisión arbitraria de un gobierno. Si el indultado fue condenado de acuerdo con una leyes que están hechas para conseguir los mejores resultados para los españoles, el indulto suele ir en contra del interés general.

Montesquieu defendía un estado ideal en el que los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial estaban separados. Cada indulto es una intromisión del poder ejecutivo en el ámbito del poder judicial e incluso del legislativo: sustituye una sentencia justa basada en unas leyes adecuadas por una decisión arbitraria e injustificada de un gobierno.

¿Qué soluciones hay? La primera medida que se debería tomar sería que no se pudiera conceder un indulto sin justificar. Evidentemente esta y otras medidas exigirían cambiar la ley del indulto.

Otra posibilidad sería exigir que un indulto no pudiera ser concedido por el gobierno, sino por el Congreso de los Diputados con una mayoría cualificada, por ejemplo los dos tercios de la cámara; pero incluso esto es inapropiado: muchos de los indultados son políticos corruptos. España, durante una gran parte de la Edad Contemporánea ha sido gobernada por un sistema en el que dos grandes partidos controlaban el Congreso. Esto abre la puerta a que estos dos grandes partidos indulten recíprocamente a los dirigentes corruptos de cada uno.

Creo que en este caso, la solución no está en las medias tintas: hay que suprimir los indultos por completo y derogar cualquier ley que permita a cualquier persona o entidad indultar contra la decisión de un tribunal.

Si en una nación los delitos no fueran castigados, los desaprensivos se apoderarían de ella. Instruir un proceso puede costar mucho dinero: cuando los delitos son complejos y los culpables son defendidos por buenos bufetes de abogados, los sumarios pueden extenderse a lo largo de miles de folios. La sociedad tiene que sufragar los costes de abogados, procuradores, fiscales, jueces, secretarios judiciales, oficiales... Toda esta gran inversión que tiene por objeto proteger a los ciudadanos de los desaprensivos se desperdicia cuando el gobierno indulta a los culpables sin necesidad de justificar su decisión.