El fiscal general del Estado debe ser elegido directamente

Un día sí y el otro también los chanchullos de los políticos nos sorprenden. Las investigaciones judiciales son lentas y sus delitos suelen prescribir. Si no lo hacen, siempre está el gobierno de turno para indultarle.

Para un político, un político corrupto es, sobre todo, un político: un compañero de partido que puede apoyarle en los distintos comités de los que forma parte y en los que su poder viene dado no sólo por su voto sino por otros votos que puede conseguir otorgando cargos, contratos e incluso sobornos en metálico. Si se ataca a un político corrupto, otros como él -que son muchos- se sentirán amenazados y le negarán su voto a quien lo haga.

Si el fiscal general del Estado lo elige el presidente del gobierno, lo está eligiendo un político que ha sido elegido por otros como él. En la práctica, los políticos están eligiendo a quien les va a acusar y elegirán a la persona más cómoda.

Frente a la realidad de un fiscal para los políticos, está el ideal de un fiscal para la nación: un fiscal que defienda los intereses de los españoles. ¿Cómo se puede lograr esto? No es tan difícil: basta con que, en lugar de elegirlo los políticos, lo elijan los españoles directamente. Para ello, bastaría crear un distrito electoral único y permitir que se presentaran candidatos. Creo que exigir muchos avales lleva a que sólo se puedan presentar los apoyados por los grandes partidos políticos: con un par de miles de firmas sería suficiente.

Un fiscal así elegido perseguiría su reelección siempre que esté bien pagado: si se le paga mal, puede que haga méritos para conseguir ser asesor jurídico en un banco o algo parecido. Por hablar de cifras, pienso en un salario bruto anual de 200.000 euros o más. ¡Los chorizos nos cuestan mucho más dinero!

En realidad, con este sistema los fiscales serían los españoles que se encargarían de buscar a una persona que representara sus puntos de vista. Cómo en los asuntos penales las decepciones son frecuentes, convendría que las elecciones también lo fueran. Creo que el fiscal general del estado debería ser elegido anualmente, aunque el que estuviera en el cargo pueda ser reelegido. De esta forma se evita que el fiscal, una vez elegido, haga amistades en entre los políticos y financieros y se preocupe más de complacer a sus poderosos nuevos amigos que a quienes le han elegido. El fiscal general debe ser una persona que actúe de manera que la mayoría de los españoles esté de acuerdo con él.

Naturalmente, para elegir así el fiscal, hay que cambiar su constitución: algo frecuente en países democráticos como Alemania o Estados Unidos, que la han cambiado muchas veces.

Muchas personas sensibles estamos preocupadas por la soledad de Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real. Un fiscal elegido por los españoles y no sólo por los políticos podría llevar a esa cárcel a algunos de los amigos de don Luis que le harían compañía durante muchos años.

¡No más indultos!

La historia de la Humanidad es larga y conoce muchas sentencias injustas. A veces los jueces se equivocan o cometen arbitrariedades. Ningún sistema es completamente seguro frente a los errores o las arbitrariedades; pero unos sistemas son mucho más seguros que otros.

Supongamos que la decisión de un juez fuera inapelable. En este caso, cualquier decisión que tomara determinaría el futuro de los juzgados. En España, la decisión que toma un juez puede ser apelada ante una instancia superior hasta llegar al Tribunal Supremo o, si se conculcan derechos constitucionales, ante el Tribunal Constitucional.

Los jueces no pueden dictar una sentencia infundada: en el derecho español se limitan a aplicar la legislación española. Ninguna ley puede ser contraria a la Constitución de 1978, actualmente vigente. Las Cortes Generales pueden derogar cualquier ley que consideren inadecuada.

Para que una condena sea injusta debería estar dictada siguiendo una ley inapropiada -lo que es improbable- o que el juez no actúe de la forma más adecuada. Frente a los posibles errores de un juez tenemos la garantía de que las decisiones judiciales tienen que estar de acuerdo con un sumario que necesariamente instruye otro tribunal. En este sumario, se analizan cuidadosamente los hechos.

Frente a las garantías para los ciudadanos que da una sentencia judicial, nos encontramos con la arbitrariedad de los indultos. Los indultos se rigen por una ley muy anterior a la Constitución que fue promulgada en 1870. El gobierno no tiene que justificar por qué concede un indulto: es una decisión completamente arbitraria.

Aquí encontramos la primera diferencia entre una sentencia judicial, que es una decisión fundada en unas actuaciones que pueden llegar a tener miles de páginas y que necesariamente es la aplicación de la ley española a un caso particular, y un indulto que, al no estar motivado, no tiene por qué guardar relación con ninguna ley ni con la actuación de la persona que fue condenada.

Las leyes se hacen persiguiendo el bien común, por unas Cortes elegidas por los españoles y pueden ser criticadas por los españoles en general y por los medios de comunicación españoles y extranjeros en particular. Frente a una ley injusta también existe la posibilidad de manifestarse o protestar. Una sentencia judicial es el fruto de estas leyes próximas a lo que los españoles consideran bueno.

Un indulto no tiene nada que ver con la ley o con lo justo: es una decisión arbitraria de un gobierno. Si el indultado fue condenado de acuerdo con una leyes que están hechas para conseguir los mejores resultados para los españoles, el indulto suele ir en contra del interés general.

Montesquieu defendía un estado ideal en el que los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial estaban separados. Cada indulto es una intromisión del poder ejecutivo en el ámbito del poder judicial e incluso del legislativo: sustituye una sentencia justa basada en unas leyes adecuadas por una decisión arbitraria e injustificada de un gobierno.

¿Qué soluciones hay? La primera medida que se debería tomar sería que no se pudiera conceder un indulto sin justificar. Evidentemente esta y otras medidas exigirían cambiar la ley del indulto.

Otra posibilidad sería exigir que un indulto no pudiera ser concedido por el gobierno, sino por el Congreso de los Diputados con una mayoría cualificada, por ejemplo los dos tercios de la cámara; pero incluso esto es inapropiado: muchos de los indultados son políticos corruptos. España, durante una gran parte de la Edad Contemporánea ha sido gobernada por un sistema en el que dos grandes partidos controlaban el Congreso. Esto abre la puerta a que estos dos grandes partidos indulten recíprocamente a los dirigentes corruptos de cada uno.

Creo que en este caso, la solución no está en las medias tintas: hay que suprimir los indultos por completo y derogar cualquier ley que permita a cualquier persona o entidad indultar contra la decisión de un tribunal.

Si en una nación los delitos no fueran castigados, los desaprensivos se apoderarían de ella. Instruir un proceso puede costar mucho dinero: cuando los delitos son complejos y los culpables son defendidos por buenos bufetes de abogados, los sumarios pueden extenderse a lo largo de miles de folios. La sociedad tiene que sufragar los costes de abogados, procuradores, fiscales, jueces, secretarios judiciales, oficiales... Toda esta gran inversión que tiene por objeto proteger a los ciudadanos de los desaprensivos se desperdicia cuando el gobierno indulta a los culpables sin necesidad de justificar su decisión.

El derecho al aborto

El Estado es necesario y para funcionar necesita de dinero. La forma de mantenerlo consiste en que cada ciudadano aporte una parte de su renta. La renta de algunos es demasiado baja para afrontar otras necesidades que no sean las suyas; por eso, los ciudadanos más pobres no pagan el impuesto sobre la renta.

Con la natalidad para algo parecido. Si en una nación no nacieran los suficientes niños, el país acabaría extinguiéndose. Un pueblo tiene una cultura porque sus hijos la perpetúan. De ello deducimos que la natalidad es necesaria. Se trata de establecer cómo deben contribuir los ciudadanos a ella.

Una mujer, para tener un niño, debe invertir nueve meses de su vida engendrándolo. Después, algunas veces tiene que criarlo y educarlo en solitario. En cualquier caso, cuando tiene un hijo, tiene que invertir una gran parte de sus recursos para sacarlo adelante.

El matrimonio permite que el esfuerzo de criar a un hijo se reparta entre los dos cónyuges. No sólo reparte las cargas, sino que le da más seguridad al hijo al prever la posibilidad de que uno falle y el otro le saque adelante.

La idea de que "hay que tener todos los hijos que nos mande Dios" es absurda. En primer lugar, no está tan claro que Dios los envíe. Si supusiéramos esto, también tendríamos que culpar a Dios de los aludes, los terremotos, los maremotos... La idea de seguir adelante con todos los embarazos conduce a la superpoblación lo cual es un error: algunas especies se han extinguido porque desaparecieron sus predadores. Un bebe es el producto de nueve meses de esfuerzo de una mujer y tarda dieciocho años más en convertirse en un adulto.

Desde luego, el aborto no es el mejor método anticonceptivo. Curiosamente, los mismos que se oponen al aborto suelen oponerse también al resto de los métodos anticonceptivos, lo que lleva que algunas no los usen por ignorancia o por motivos religiosos y se queden embarazadas. Muchas de ellas terminan abortando.

El Estado es el responsable de la defensa de los intereses nacionales y, por lo tanto, de controlar la natalidad. Una natalidad demasiado grande conduce a la superpoblación; otra demasiado baja, a la despoblación. Como decía Aristóteles, "la virtud está en el término medio". Dado que sacar adelante a los hijos es caro, la existencia de anticonceptivos implica que la natalidad tiende a ser menor de lo deseable. La forma de remediarlo no es obligar a algunas mujeres a seguir adelante con embarazos que no desean, sino hacer más atractivo tener hijos para algunas familias.

Aumentar el número de guarderías, reducir su precio u ofrecerlas de forma gratuita contribuye a aumentar la natalidad como también lo hacen fuertes desgravaciones fiscales por cada hijo, la enseñanza gratuita y de calidad -si la gratuita es mala, los padres tienen que pagar más para que sea buena-, libros de texto gratuitos, buenas instalaciones deportivas...

A un empresario no se le puede exigir que invierta en un negocio en el que va a perder dinero. De la misma forma, el Estado no puede considerarse el dueño del cuerpo de una mujer y obligarla a engendrar un hijo durante nueve meses: es un acto de violencia contra la mujer que se convierte durante este periodo en un bien público del que el Estado dispone.

El feto al principio sólo es un grupo de células y es fácil de eliminar. Es un error dejar que el embarazo siga adelante y abortar cuando es un ser antropomorfo: la vida humana no está segura si se permite eliminar seres antropomorfos. Por ello, el embarazo sólo se debe permitir en los primeros meses de gestación.

El servicio de gobernar

Voy a definir una entidad como un conjunto de personas organizadas para perseguir un conjunto de fines comunes. Un estado se ajustaría a esta definición de entidad y también un equipo de futbol o una sociedad anónima. Al frente de una entidad suele haber una persona que coordina su actuación, como es el caso del presidente de una república o del equipo de fútbol. Siempre hay quienes quieren ahorrar dinero privándole de cualquier retribución. ¿Es esto sensato?

Hay muchos motivos por los que una persona puede ponerse al frente de una entidad: algunos  renuncian a una parte de su tiempo libre e incluso aportan dinero por luchar por un gran ideal; sin embargo lo más frecuente cuando alguien se pone al frente de una empresa es que piense en las ventajas económicas que esto conlleva. Cuando una entidad se niega a pagar a quien la dirige puede que encuentre una persona altruista (y rica) que esté dispuesta a perder mucho tiempo dirigiéndola. El tiempo tiene un coste de oportunidad: cuanto más tiempo dedique a esta entidad menos podrá dedicar a su trabajo remunerado o a sus negocios: o sea, que dirigir una entidad cuesta dinero y es tanto más caro cuanto más compleja es esta entidad. Quien piensa que una persona altruista dirigirá una entidad puede estar en lo cierto; pero muchas veces se equivoca.

Supongamos que a una persona sensata se le ofrece dirigir una entidad que le hará perder mucho tiempo e incluso le ayudará a encontrar nuevos enemigos. Lo más probable es que rechace la oferta. Si la entidad no encontrara dirigentes, la solución sería recompensarles con un buen sueldo para que la cosa cambiara. No obstante, las cosas no suelen suceder así: una entidad compleja suele tener también un gran presupuesto del que sus dirigentes pueden disponer. Puede que dirigirla honradamente carezca de alicientes; pero, cuando se piensa en lograr que una gran parte de este presupuesto termine en el patrimonio de quien la dirige, el puesto de gobernador de una entidad comienza a ser atractivo.

Las sociedades mercantiles se diferencian de las demás entidades porque su objetivo es conseguir maximizar su valor actual. El valor actual de una entidad es el precio que un inversor estaría dispuesto a pagarnos ahora por todos los beneficios que la entidad tendrá en el futuro. Los beneficios que se recibirán inmediatamente valen lo mismo que su valor nominal, pero, si un activo seguro nos da un 3% de interés anual, habrá que descontar este tres por ciento de los beneficios que recibiremos dentro de un año y lo mismo sucede con el resto de los beneficios futuros. También hemos de considerar la incertidumbre: no es posible conocer el valor exacto de los beneficios futuros ni los tipos de interés que debemos aplicar porque ambos están expuestos a fluctuaciones difíciles de predecir. En una empresa, los beneficios en un ejercicio son la diferencia entre sus ingresos y sus costes durante el mismo. Las sisas del gobernador suelen ir contra la cuenta de beneficios de dos maneras: por una parte aumenta sus costes y por otra reduce sus ingresos. El resultado es una merma de los beneficios.

En otras entidades, los fines son distintos: un estado debe gobernar su nación lo mejor posible, un equipo de fútbol procurar ganar las competiciones en las que participa... En cualquier caso, tienen un presupuesto al cual deben procurar ajustarse. La entidad tendrá superávit si los ingresos superan a los gastos y déficit en caso contrario. Si ingresos y gastos coinciden, nos encontraremos con un presupuesto equilibrado. El superávit ayuda a acumular un capital que permite hacer frente a imprevistos y a cubrir déficits futuros. Una entidad con déficit tendrá que emplear una parte de su presupuesto en pagar intereses.

Uno de los trucos para ganar dinero a costa de aumentar los costes suele ser sustituir proveedores eficientes por otros que pagan comisiones al gobernador de la entidad. Los que están dispuestos a pagar comisiones rara vez coinciden con los más eficientes y las comisiones no suelen pagarse reduciendo los beneficios del proveedor sino subiendo el precio de la provisión.  Suele suceder que quien paga comisiones sube tanto los precios de su mercancía que no sólo cubre los costes del soborno sino que también aumenta sustancialmente su beneficio. Los bienes suministrados suelen carecer de calidad: lo importante para el gobernador no son los intereses de la entidad sino su lucro personal. El gobernador honrado se preocupa por hacer lo mejor para la entidad y, en particular, por elegir la mejor oferta; este no es el caso del corrupto.

Otro de los resultados de la corrupción es una reducción de los ingresos. Un gestor honrado intenta conseguir el mejor precio por los bienes o servicios de la entidad;  pero el corrupto intenta lucrarse. Una forma de hacerlo es sustituir a los mejores compradores por otros que pagan menos; pero a cambio le pagan jugosas comisiones al corrupto: la entidad gana menos para que el corrupto gane más. El resultado es una reducción de los beneficios de la entidad y es frecuente que la entidad pase de ganar dinero a perderlo.

Creo que aquellos que no desean pagar por un servicio lo que quieren es ser servidos por esclavos. Todo servicio requiere un esfuerzo. Quien lo realiza no suele hacerlo porque prestar ese servicio le guste más que hacer otras cosas como ver una buena película o un partido de fútbol, sino porque le pagan por ello. También hay que considerar que muchas personas viven de lo que les pagan por su trabajo. Dejar de pagarles supone privarles de lo que necesitan para vivir u obligarles a vivir peor. El servicio que presta con más frecuencia una persona es trabajar para otra persona o para una entidad que puede ser una sociedad mercantil, una organización sin ánimo de lucro o el Estado.

En el caso de una sociedad mercantil, hay que considerar que su valor depende de quienes sean quienes la dirigen: una empresa bien administrada puede doblar su valor. Esto justifica que se pague bien a quienes la dirigen. Lo que sucede curiosamente suele ser lo contrario: hay empresas de gran tamaño que pueden permitirse el lujo de pagar grandes sueldos. A veces, estos atractivos grandes sueldos suelen ir a parar a aquellos que tienen la suficiente influencia en su consejo de administración y en su cúpula directiva para que les contraten: grandes accionistas, los parientes de estos y políticos y sus parientes. Con frecuencia son ineptos que reducen los beneficios de la compañía; pero cobran como si fueran ejecutivos capaces de doblar su valor.

En una gran compañía, no es prudente pagar mal a quienes la dirigen porque apartaría de sus órganos de dirección a las personas más capacitadas; pero, simultáneamente, hay que vigilar muy de cerca a quién se contrata.

No todos los servicios que usamos son prestados directamente por personas, generalmente recurrimos a una entidad para que nos preste ese servicio. Dado que esta prestación tiene un coste, esta entidad necesita cubrir de alguna manera sus costes. Los beneficios de una sociedad mercantil son la diferencia entre sus ingresos y sus costes. Dado que una sociedad mercantil se funda para ganar dinero, no pagar por sus servicios o no pagar lo suficiente supone provocar que esta pierda dinero y, a largo plazo, tenga que cerrar.

Gobernar una entidad es un servicio. En el caso del Estado, este servicio suelen prestarlo los partidos políticos: es el caso de los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración Central del Estado. Está claro que este servicio tiene un coste. ¿Cómo se debe cubrir? La doctrina más extendida sostiene que los militantes deben cubrir este coste mediante sus cuotas. Esto no es demasiado justo: el gobierno de un municipio es una necesidad de todos los que habitan el municipio, no solo de los militantes de los partidos que concurren a las elecciones. Obligar a estos el coste de sostener a las entidades que gobiernan es una injusticia. El Estado contribuye de distintas formas a mantener a los partidos políticos. No obstante, este artículo no pretende abordar el tema de la financiación de estos, sino una cuestión distinta: ¿quiénes pueden gobernar?

España es una monarquía constitucional. Al no ser una república, no se elige al jefe del estado y este hecho se mimetiza al resto de las instituciones. No hay un candidato a presidente del gobierno que un partido presente directamente a los ciudadanos: el Congreso de Diputados lo elige. De la misma forma, el ciudadano no vota directamente a un candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, sino a la lista de un partido y, en el caso del ayuntamiento, sucede lo mismo. Generalmente se sabe quién será el candidato elegido si la lista obtiene la mayoría absoluta.

Observamos que en España quien concurre a las elecciones no son personas sino entidades que presentan unas listas. La cuestión es la siguiente: ¿conviene que estas entidades sean necesariamente partidos políticos formados por militantes? Al ciudadano lo que le interesa no es si las organizaciones que se presentan sean galgos o podencos, sino que presten un buen servicio. Creo que se debería abrir la posibilidad de que quienes concurrieran a las elecciones fueran sociedades mercantiles. Es posible que fueran más eficaces gobernando que los partidos políticos.

Un partido político está formado por militantes. Un idealista puede pensar que cada uno de ellos quiere lo mejor para su nación o, por ser más realista, que la fuerza resultante de todas sus voluntades es buscar lo mejor para la nación. Cuando la teoría económica piensa en un consumidor, piensa en alguien que elige lo mejor para él; cuando analiza la actuación de una empresa postula que actúa buscando que el valor actualizado de sus beneficios sea máximo. Creo que lo más realista en pensar que los militantes de un partido buscan también lo mejor para ellos: a muchos de ellos les gustaría que el partido les proporcionara un trabajo lo mejor remunerado posible y los que ocupan puestos de responsabilidad muchas veces piensan más en llevarse el dinero de la entidad que administran a casa que en hacer una buena gestión.

Los ciudadanos tienen derecho a defenderse contra el apetito de los políticos. Una forma de hacerlo es establecer por ley cuánto puede cobrar un político cuando desarrolla un cargo público y prohibir expresamente que este fije su propio sueldo. Imagine que le ponen delante de un maletín donde hay un millón de euros y le piden que decida cuánto quiere coger. Pues resulta que en muchos ayuntamientos hay mucho más dinero.

Naturalmente, el sueldo de un político debe fijarse en proporción con la importancia de su cargo. En el caso de los municipios, hay que considerar el número de habitantes y el presupuesto del municipio en cuestión. No soy partidario en absoluto de pagar mal a un político: hacerlo disuade de concurrir a las elecciones a las personas más capacitadas y fomenta que aparezcan listas formadas por aves de rapiña que no piensan en cuánto se les paga legalmente, sino que piensen que proporción del presupuesto de la entidad pueden llevarse a casa utilizado diversos tipos de estafas.

Cuando se habla de obras públicas, se escucha hablar de comisiones que pueden suponer un 10% del presupuesto o incluso más. Es más difícil robar de otras partidas como, por ejemplo, los gastos de personal; pero, donde hay un concurso, siempre puede aparecer la corrupción. Pagar a los que gobiernan un municipio un 1% de su presupuesto no es una mala idea: atrae a personas que pueden hacerlo bien para que compitan por el puesto con las aves de rapiña que puede haber en otras listas. El 1% del presupuesto puede ser un sueldo poco competitivo en municipios pequeños. Esto muestra la necesidad de establecer un sueldo mínimo en este tipo de municipios.

Cuando una empresa no vende su producto no cobra por él: han apostado por un producto sin éxito y se han equivocado. Esto muestra que la empresa asume un riesgo. Es absurdo pensar que el Estado tiene que subvencionar todo aquello que se produce: esto llevaría a producir cosas sin utilidad y a ponerles precios absurdamente altos.

Con un partido pasa lo mismo: carece de sentido subvencionar a todos los partidos, ya que esto conduciría a que cualquiera que quisiera hacer una propuesta política absurda o ineficiente recibiera una subvención pública. No obstante, quienes apuestan por el caballo ganador merecen una recompensa: si aquellos que elaboran las mejores propuestas políticas son recompensados, muchos ciudadanos se unirán para fundar partidos políticos e invertirán su tiempo y su dinero en estudiar elaborando propuestas políticas. Por lo tanto, los partidos que concurren para gobernar una entidad merecen una recompensa cuando su propuesta es apoyada.

Por ejemplo, los partidos que consiguen tener diputados en el Congreso, no sólo merecen que sus diputados tengan un buen sueldo, sino también que el partido tenga una generosa subvención que cubra sus costes si estos son razonables y le proporcione algún beneficio: esto será un atractivo para que los partidos ajusten sus programas y su actuación a los intereses sociales.