En un estado, existe la iniciativa legislativa popular si un
grupo de ciudadanos puede reunir firmas para apoyar un proyecto legislativo y,
si consigue el mínimo establecido por la ley, lograr que este sea tomado en
consideración.
La iniciativa legislativa puede ser directa o indirecta. Si
es directa, debe ser aprobada o rechazada en referéndum vinculante: es lo que
sucede en Suiza. La indirecta no pasa de ser una manifestación popular: si el
parlamento no ha querido aprobar una ley a pesar de la presión popular, es
posible que continúe en sus trece a pesar de la iniciativa legislativa.
La iniciativa legislativa popular existe en Suiza y en
algunos estados norteamericanos: es el caso de Washington o California.
La función de la iniciativa legislativa popular no es cargar
sobre las espaldas de los ciudadanos la función legislativa: en todos los
estados donde existe la iniciativa popular hay un parlamento con una o dos
cámaras. La iniciativa legislativa popular evita que los políticos legislen
según sus intereses en contra de los intereses de los ciudadanos.
Mientras las leyes reflejan fielmente la voluntad de los
ciudadanos, es poco probable que una iniciativa legislativa prospere: hay que
reunir muchas firmas y aprobarla en referéndum. Pero, cuando una minoría
controla o utiliza el parlamento para servir a sus intereses, los ciudadanos
tienen un arma poderosa para defender sus derechos: pueden presentar una
iniciativa legislativa y aprobarla en referéndum vinculante.
Los políticos corruptos no son demócratas aunque finjan
serlo para alcanzar los puestos donde pueden enriquecerse a costa del dinero de
todos. Los ciudadanos no quieren que les roben y no lo permitirían si
existieran armas para evitarlo. La iniciativa legislativa directa es el arma
que necesitan los ciudadanos para evitar que los corruptos se apoderen del
estado.
Se habla de 'puertas giratorias' cuando un político, en
lugar de administrar la entidad que se le ha confiado de la mejor manera posible,
actúa en beneficio de una empresa privada que le contrata cuando termina su
mandato público concediéndole un buen puesto -frecuentemente en un consejo de
administración- que recompensa sus servicios al contratante en perjuicio del
interés de la mayoría de los ciudadanos. Este fenómeno es menos probable si
existe la iniciativa popular directa que permite que los ciudadanos aprueben
leyes que defiendan lo que es suyo.
