Un día sí y el otro también los chanchullos de los políticos
nos sorprenden. Las investigaciones judiciales son lentas y sus delitos suelen
prescribir. Si no lo hacen, siempre está el gobierno de turno para indultarle.
Para un político, un político corrupto es, sobre todo, un
político: un compañero de partido que puede apoyarle en los distintos comités de
los que forma parte y en los que su poder viene dado no sólo por su voto sino
por otros votos que puede conseguir otorgando cargos, contratos e incluso
sobornos en metálico. Si se ataca a un político corrupto, otros como él -que
son muchos- se sentirán amenazados y le negarán su voto a quien lo haga.
Si el fiscal general del Estado lo elige el presidente del
gobierno, lo está eligiendo un político que ha sido elegido por otros como él.
En la práctica, los políticos están eligiendo a quien les va a acusar y
elegirán a la persona más cómoda.
Frente a la realidad de un fiscal para los políticos, está
el ideal de un fiscal para la nación: un fiscal que defienda los intereses de
los españoles. ¿Cómo se puede lograr esto? No es tan difícil: basta con que, en
lugar de elegirlo los políticos, lo elijan los españoles directamente. Para
ello, bastaría crear un distrito electoral único y permitir que se presentaran
candidatos. Creo que exigir muchos avales lleva a que sólo se puedan presentar
los apoyados por los grandes partidos políticos: con un par de miles de firmas
sería suficiente.
Un fiscal así elegido perseguiría su reelección siempre que
esté bien pagado: si se le paga mal, puede que haga méritos para conseguir ser
asesor jurídico en un banco o algo parecido. Por hablar de cifras, pienso en un
salario bruto anual de 200.000 euros o más. ¡Los chorizos nos cuestan mucho más
dinero!
En realidad, con este sistema los fiscales serían los
españoles que se encargarían de buscar a una persona que representara sus
puntos de vista. Cómo en los asuntos penales las decepciones son frecuentes,
convendría que las elecciones también lo fueran. Creo que el fiscal general del
estado debería ser elegido anualmente, aunque el que estuviera en el cargo
pueda ser reelegido. De esta forma se evita que el fiscal, una vez elegido,
haga amistades en entre los políticos y financieros y se preocupe más de
complacer a sus poderosos nuevos amigos que a quienes le han elegido. El fiscal
general debe ser una persona que actúe de manera que la mayoría de los
españoles esté de acuerdo con él.
Naturalmente, para elegir así el fiscal, hay que cambiar su
constitución: algo frecuente en países democráticos como Alemania o Estados
Unidos, que la han cambiado muchas veces.
Muchas personas sensibles estamos preocupadas por la soledad
de Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real. Un fiscal elegido por los
españoles y no sólo por los políticos podría llevar a esa cárcel a algunos de
los amigos de don Luis que le harían compañía durante muchos años.
