La situación política en España es difícil. Hay indicios de
que muchos políticos importantes han cobrado sobornos. Estos conducen a quienes
lo reciben a hacer lo mejor para quienes les pagan, no lo mejor para España. La
democracia directa puede ser la solución contra la corrupción. Los ideales
existen en los libros; pero podemos ver regímenes políticos bastante próximos a
la democracia directa en Suiza y en muchos de los estados que forman parte de
los Estados Unidos de América.
La teoría económica supone que cada agente económico hace lo que más le conviene y, usando esta hipótesis, intenta explicar los fenómenos
económicos. Puede que esta hipótesis no llegue a ser exacta; pero permite
explicar con precisión la conducta humana.
La democracia representativa se basa en representantes
elegidos por el pueblo o por otros representantes que ocupan los distintos
puestos desde los que se dirige el Estado. En la República Romana, se llamaban
magistraturas; pero, dado que hoy en día la palabra sólo suele usarse para
cargos judiciales, podemos llamarlos cargos políticos.
El problema es que los representantes no suelen hacer lo
mejor para aquellos que representan; sino lo mejor para sí mismos. Un
representante sólo tiende a hacer lo mejor para sus representados si espera
lograr a cambio una gran recompensa o si le aguarda un fuerte castigo seguro si
les traiciona. La impopularidad que acarrea tomar decisiones impopulares y que
estas se conozcan a través de los medios de comunicación incita a los políticos
a actuar mejor.
Si un conjunto de políticos elige a otro para un cargo
político, no suele elegir al que mejor servirá al pueblo, sino al que mejor
servirá a sus intereses. Si se producen varias elecciones así en cadena
-políticos que eligen a representantes que eligen a otros políticos- el
resultado es un Estado cuyas acciones tienen poco que ver con el interés
general.
La principal característica de la democracia directa
consiste en eliminar muchos mediadores entre los ciudadanos y las decisiones importantes.
En particular, en elegir directamente a las personas más importantes del
Estado.
En muchos estados de Estados Unidos, el fiscal general del
Estado es elegido directamente. También es frecuente que se elija directamente
el órgano judicial supremo, que en España es actualmente el Consejo General del
Poder Judicial. Por ejemplo, en el estado de Washington -no confundir con la
ciudad de Washington que es la capital de Estados Unidos y está muy lejos de
este estado-, los nueve jueces que
integran la Corte Suprema de Washington son elegidos de tres en tres cada tres
años. De esta forma, se consigue un poder judicial cuya actuación está más
próxima a las opiniones de los ciudadanos que a los intereses de los políticos.
Sobre la eficacia de los fiscales elegidos directamente merece ser destacado
Rudolph Giulliani que como fiscal del Distrito Sur de Nueva York consiguió
ganar más de un 99% de los casos.
Tres instrumentos de la democracia directa que merecen ser
destacados son la iniciativa popular directa, el referéndum vinculante y la
revocatoria. La primera consiste en que, si un grupo de ciudadanos consigue el
número de firmas necesario para apoyar una iniciativa legislativa, esta debe
ser votada en referéndum. El referéndum es vinculante si lo que se decida debe
ser recogido como ley y prevalece sobre lo que decidan otros poderes del
Estado. En particular, la constitución puede ser modificada mediante
iniciativas legislativas directas y referéndums vinculantes: así sucede en
Suiza.
Esta forma de hacer las cosas impide que suceda lo que en
Irán, donde existe un 'Consejo de Guardianes de la Revolución' que no elige el
pueblo y puede vetar cualquier ley y decidir quién es digno de presentarse para
un cargo político. Si existe un órgano del Estado ajeno al pueblo cuyos
miembros deciden a quién se puede elegir y qué leyes son 'legítimas', este
órgano impide que quienes dirigen el Estado sean aquellos que desea el pueblo o
que las leyes se ajusten a la voluntad popular. Por último, la revocatoria consiste en que el pueblo puede
revocar el mandato de un cargo elegido si su actuación no satisface a quienes
le han elegido.
Cuando se elige a un cargo importante, es conveniente que la
elección se haga a dos vueltas: en la primera, se distinguen los candidatos más
populares y, en la segunda, los dos candidatos con más votos en la primera se
disputan el puesto. Si no se obra así, es posible que un político impopular
consiga el cargo. Por ejemplo, supongamos que hay cuatro candidatos que tienen
el 15%, el 20%, el 30% y el 35% de los votos. Si hay una sola vuelta, podría
triunfar el último candidato aunque el 65% del electorado le considere
inaceptable. Si hay dos vueltas, triunfará el tercero si los ciudadanos
consideran que es la mejor opción.