¿Por qué es necesaria la iniciativa popular directa?

En un estado, existe la iniciativa legislativa popular si un grupo de ciudadanos puede reunir firmas para apoyar un proyecto legislativo y, si consigue el mínimo establecido por la ley, lograr que este sea tomado en consideración.

La iniciativa legislativa puede ser directa o indirecta. Si es directa, debe ser aprobada o rechazada en referéndum vinculante: es lo que sucede en Suiza. La indirecta no pasa de ser una manifestación popular: si el parlamento no ha querido aprobar una ley a pesar de la presión popular, es posible que continúe en sus trece a pesar de la iniciativa legislativa.

La iniciativa legislativa popular existe en Suiza y en algunos estados norteamericanos: es el caso de Washington o California.

La función de la iniciativa legislativa popular no es cargar sobre las espaldas de los ciudadanos la función legislativa: en todos los estados donde existe la iniciativa popular hay un parlamento con una o dos cámaras. La iniciativa legislativa popular evita que los políticos legislen según sus intereses en contra de los intereses de los ciudadanos.

Mientras las leyes reflejan fielmente la voluntad de los ciudadanos, es poco probable que una iniciativa legislativa prospere: hay que reunir muchas firmas y aprobarla en referéndum. Pero, cuando una minoría controla o utiliza el parlamento para servir a sus intereses, los ciudadanos tienen un arma poderosa para defender sus derechos: pueden presentar una iniciativa legislativa y aprobarla en referéndum vinculante.

Los políticos corruptos no son demócratas aunque finjan serlo para alcanzar los puestos donde pueden enriquecerse a costa del dinero de todos. Los ciudadanos no quieren que les roben y no lo permitirían si existieran armas para evitarlo. La iniciativa legislativa directa es el arma que necesitan los ciudadanos para evitar que los corruptos se apoderen del estado.

Se habla de 'puertas giratorias' cuando un político, en lugar de administrar la entidad que se le ha confiado de la mejor manera posible, actúa en beneficio de una empresa privada que le contrata cuando termina su mandato público concediéndole un buen puesto -frecuentemente en un consejo de administración- que recompensa sus servicios al contratante en perjuicio del interés de la mayoría de los ciudadanos. Este fenómeno es menos probable si existe la iniciativa popular directa que permite que los ciudadanos aprueben leyes que defiendan lo que es suyo.

Democracia directa para España

La situación política en España es difícil. Hay indicios de que muchos políticos importantes han cobrado sobornos. Estos conducen a quienes lo reciben a hacer lo mejor para quienes les pagan, no lo mejor para España. La democracia directa puede ser la solución contra la corrupción. Los ideales existen en los libros; pero podemos ver regímenes políticos bastante próximos a la democracia directa en Suiza y en muchos de los estados que forman parte de los Estados Unidos de América.

La teoría económica supone que cada agente económico hace lo que más le conviene y, usando esta hipótesis, intenta explicar los fenómenos económicos. Puede que esta hipótesis no llegue a ser exacta; pero permite explicar con precisión la conducta humana.

La democracia representativa se basa en representantes elegidos por el pueblo o por otros representantes que ocupan los distintos puestos desde los que se dirige el Estado. En la República Romana, se llamaban magistraturas; pero, dado que hoy en día la palabra sólo suele usarse para cargos judiciales, podemos llamarlos cargos políticos.

El problema es que los representantes no suelen hacer lo mejor para aquellos que representan; sino lo mejor para sí mismos. Un representante sólo tiende a hacer lo mejor para sus representados si espera lograr a cambio una gran recompensa o si le aguarda un fuerte castigo seguro si les traiciona. La impopularidad que acarrea tomar decisiones impopulares y que estas se conozcan a través de los medios de comunicación incita a los políticos a actuar mejor.

Si un conjunto de políticos elige a otro para un cargo político, no suele elegir al que mejor servirá al pueblo, sino al que mejor servirá a sus intereses. Si se producen varias elecciones así en cadena -políticos que eligen a representantes que eligen a otros políticos- el resultado es un Estado cuyas acciones tienen poco que ver con el interés general.

La principal característica de la democracia directa consiste en eliminar muchos mediadores entre los ciudadanos y las decisiones importantes. En particular, en elegir directamente a las personas más importantes del Estado.

En muchos estados de Estados Unidos, el fiscal general del Estado es elegido directamente. También es frecuente que se elija directamente el órgano judicial supremo, que en España es actualmente el Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, en el estado de Washington -no confundir con la ciudad de Washington que es la capital de Estados Unidos y está muy lejos de este estado-,  los nueve jueces que integran la Corte Suprema de Washington son elegidos de tres en tres cada tres años. De esta forma, se consigue un poder judicial cuya actuación está más próxima a las opiniones de los ciudadanos que a los intereses de los políticos. Sobre la eficacia de los fiscales elegidos directamente merece ser destacado Rudolph Giulliani que como fiscal del Distrito Sur de Nueva York consiguió ganar más de un 99% de los casos.

Tres instrumentos de la democracia directa que merecen ser destacados son la iniciativa popular directa, el referéndum vinculante y la revocatoria. La primera consiste en que, si un grupo de ciudadanos consigue el número de firmas necesario para apoyar una iniciativa legislativa, esta debe ser votada en referéndum. El referéndum es vinculante si lo que se decida debe ser recogido como ley y prevalece sobre lo que decidan otros poderes del Estado. En particular, la constitución puede ser modificada mediante iniciativas legislativas directas y referéndums vinculantes: así sucede en Suiza.

Esta forma de hacer las cosas impide que suceda lo que en Irán, donde existe un 'Consejo de Guardianes de la Revolución' que no elige el pueblo y puede vetar cualquier ley y decidir quién es digno de presentarse para un cargo político. Si existe un órgano del Estado ajeno al pueblo cuyos miembros deciden a quién se puede elegir y qué leyes son 'legítimas', este órgano impide que quienes dirigen el Estado sean aquellos que desea el pueblo o que las leyes se ajusten a la voluntad popular. Por último, la revocatoria consiste en que el pueblo puede revocar el mandato de un cargo elegido si su actuación no satisface a quienes le han elegido.

Cuando se elige a un cargo importante, es conveniente que la elección se haga a dos vueltas: en la primera, se distinguen los candidatos más populares y, en la segunda, los dos candidatos con más votos en la primera se disputan el puesto. Si no se obra así, es posible que un político impopular consiga el cargo. Por ejemplo, supongamos que hay cuatro candidatos que tienen el 15%, el 20%, el 30% y el 35% de los votos. Si hay una sola vuelta, podría triunfar el último candidato aunque el 65% del electorado le considere inaceptable. Si hay dos vueltas, triunfará el tercero si los ciudadanos consideran que es la mejor opción.