Voy a definir una entidad como un conjunto de personas
organizadas para perseguir un conjunto de fines comunes. Un estado se ajustaría
a esta definición de entidad y también un equipo de futbol o una sociedad
anónima. Al frente de una entidad suele haber una persona que coordina su
actuación, como es el caso del presidente de una república o del equipo de
fútbol. Siempre hay quienes quieren ahorrar dinero privándole de cualquier
retribución. ¿Es esto sensato?
Hay muchos motivos por los que una persona puede ponerse al
frente de una entidad: algunos renuncian
a una parte de su tiempo libre e incluso aportan dinero por luchar por un gran
ideal; sin embargo lo más frecuente cuando alguien se pone al frente de una
empresa es que piense en las ventajas económicas que esto conlleva. Cuando una
entidad se niega a pagar a quien la dirige puede que encuentre una persona
altruista (y rica) que esté dispuesta a perder mucho tiempo dirigiéndola. El
tiempo tiene un coste de oportunidad: cuanto más tiempo dedique a esta entidad
menos podrá dedicar a su trabajo remunerado o a sus negocios: o sea, que
dirigir una entidad cuesta dinero y es tanto más caro cuanto más compleja es
esta entidad. Quien piensa que una persona altruista dirigirá una entidad puede
estar en lo cierto; pero muchas veces se equivoca.
Supongamos que a una persona sensata se le ofrece dirigir
una entidad que le hará perder mucho tiempo e incluso le ayudará a encontrar
nuevos enemigos. Lo más probable es que rechace la oferta. Si la entidad no
encontrara dirigentes, la solución sería recompensarles con un buen sueldo para
que la cosa cambiara. No obstante, las cosas no suelen suceder así: una entidad
compleja suele tener también un gran presupuesto del que sus dirigentes pueden
disponer. Puede que dirigirla honradamente carezca de alicientes; pero, cuando
se piensa en lograr que una gran parte de este presupuesto termine en el
patrimonio de quien la dirige, el puesto de gobernador de una entidad comienza
a ser atractivo.
Las sociedades mercantiles se diferencian de las demás
entidades porque su objetivo es conseguir maximizar su valor actual. El valor
actual de una entidad es el precio que un inversor estaría dispuesto a pagarnos
ahora por todos los beneficios que la entidad tendrá en el futuro. Los
beneficios que se recibirán inmediatamente valen lo mismo que su valor nominal,
pero, si un activo seguro nos da un 3% de interés anual, habrá que descontar
este tres por ciento de los beneficios que recibiremos dentro de un año y lo
mismo sucede con el resto de los beneficios futuros. También hemos de
considerar la incertidumbre: no es posible conocer el valor exacto de los
beneficios futuros ni los tipos de interés que debemos aplicar porque ambos
están expuestos a fluctuaciones difíciles de predecir. En una empresa, los
beneficios en un ejercicio son la diferencia entre sus ingresos y sus costes
durante el mismo. Las sisas del gobernador suelen ir contra la cuenta de
beneficios de dos maneras: por una parte aumenta sus costes y por otra reduce
sus ingresos. El resultado es una merma de los beneficios.
En otras entidades, los fines son distintos: un estado debe
gobernar su nación lo mejor posible, un equipo de fútbol procurar ganar las
competiciones en las que participa... En cualquier caso, tienen un presupuesto
al cual deben procurar ajustarse. La entidad tendrá superávit si los ingresos
superan a los gastos y déficit en caso contrario. Si ingresos y gastos
coinciden, nos encontraremos con un presupuesto equilibrado. El superávit ayuda
a acumular un capital que permite hacer frente a imprevistos y a cubrir
déficits futuros. Una entidad con déficit tendrá que emplear una parte de su
presupuesto en pagar intereses.
Uno de los trucos para ganar dinero a costa de aumentar los
costes suele ser sustituir proveedores eficientes por otros que pagan
comisiones al gobernador de la entidad. Los que están dispuestos a pagar
comisiones rara vez coinciden con los más eficientes y las comisiones no suelen
pagarse reduciendo los beneficios del proveedor sino subiendo el precio de la
provisión. Suele suceder que quien paga
comisiones sube tanto los precios de su mercancía que no sólo cubre los costes
del soborno sino que también aumenta sustancialmente su beneficio. Los bienes
suministrados suelen carecer de calidad: lo importante para el gobernador no
son los intereses de la entidad sino su lucro personal. El gobernador honrado
se preocupa por hacer lo mejor para la entidad y, en particular, por elegir la
mejor oferta; este no es el caso del corrupto.
Otro de los resultados de la corrupción es una reducción de
los ingresos. Un gestor honrado intenta conseguir el mejor precio por los
bienes o servicios de la entidad; pero
el corrupto intenta lucrarse. Una forma de hacerlo es sustituir a los mejores
compradores por otros que pagan menos; pero a cambio le pagan jugosas
comisiones al corrupto: la entidad gana menos para que el corrupto gane más. El
resultado es una reducción de los beneficios de la entidad y es frecuente que
la entidad pase de ganar dinero a perderlo.
Creo que aquellos que no desean pagar por un servicio lo que
quieren es ser servidos por esclavos. Todo servicio requiere un esfuerzo. Quien
lo realiza no suele hacerlo porque prestar ese servicio le guste más que hacer
otras cosas como ver una buena película o un partido de fútbol, sino porque le
pagan por ello. También hay que considerar que muchas personas viven de lo que
les pagan por su trabajo. Dejar de pagarles supone privarles de lo que
necesitan para vivir u obligarles a vivir peor. El servicio que presta con más
frecuencia una persona es trabajar para otra persona o para una entidad que
puede ser una sociedad mercantil, una organización sin ánimo de lucro o el
Estado.
En el caso de una sociedad mercantil, hay que considerar que
su valor depende de quienes sean quienes la dirigen: una empresa bien
administrada puede doblar su valor. Esto justifica que se pague bien a quienes
la dirigen. Lo que sucede curiosamente suele ser lo contrario: hay empresas de
gran tamaño que pueden permitirse el lujo de pagar grandes sueldos. A veces,
estos atractivos grandes sueldos suelen ir a parar a aquellos que tienen la
suficiente influencia en su consejo de administración y en su cúpula directiva
para que les contraten: grandes accionistas, los parientes de estos y políticos
y sus parientes. Con frecuencia son ineptos que reducen los beneficios de la
compañía; pero cobran como si fueran ejecutivos capaces de doblar su valor.
En una gran compañía, no es prudente pagar mal a quienes la
dirigen porque apartaría de sus órganos de dirección a las personas más
capacitadas; pero, simultáneamente, hay que vigilar muy de cerca a quién se
contrata.
No todos los servicios que usamos son prestados directamente
por personas, generalmente recurrimos a una entidad para que nos preste ese
servicio. Dado que esta prestación tiene un coste, esta entidad necesita cubrir
de alguna manera sus costes. Los beneficios de una sociedad mercantil son la
diferencia entre sus ingresos y sus costes. Dado que una sociedad mercantil se
funda para ganar dinero, no pagar por sus servicios o no pagar lo suficiente
supone provocar que esta pierda dinero y, a largo plazo, tenga que cerrar.
Gobernar una entidad es un servicio. En el caso del Estado,
este servicio suelen prestarlo los partidos políticos: es el caso de los
ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración Central del
Estado. Está claro que este servicio tiene un coste. ¿Cómo se debe cubrir? La
doctrina más extendida sostiene que los militantes deben cubrir este coste
mediante sus cuotas. Esto no es demasiado justo: el gobierno de un municipio es
una necesidad de todos los que habitan el municipio, no solo de los militantes
de los partidos que concurren a las elecciones. Obligar a estos el coste de
sostener a las entidades que gobiernan es una injusticia. El Estado contribuye
de distintas formas a mantener a los partidos políticos. No obstante, este
artículo no pretende abordar el tema de la financiación de estos, sino una
cuestión distinta: ¿quiénes pueden gobernar?
España es una monarquía constitucional. Al no ser una
república, no se elige al jefe del estado y este hecho se mimetiza al resto de
las instituciones. No hay un candidato a presidente del gobierno que un partido
presente directamente a los ciudadanos: el Congreso de Diputados lo elige. De
la misma forma, el ciudadano no vota directamente a un candidato a la
presidencia de la comunidad autónoma, sino a la lista de un partido y, en el
caso del ayuntamiento, sucede lo mismo. Generalmente se sabe quién será el
candidato elegido si la lista obtiene la mayoría absoluta.
Observamos que en España quien concurre a las elecciones no
son personas sino entidades que presentan unas listas. La cuestión es la
siguiente: ¿conviene que estas entidades sean necesariamente partidos políticos
formados por militantes? Al ciudadano lo que le interesa no es si las
organizaciones que se presentan sean galgos o podencos, sino que presten un
buen servicio. Creo que se debería abrir la posibilidad de que quienes
concurrieran a las elecciones fueran sociedades mercantiles. Es posible que
fueran más eficaces gobernando que los partidos políticos.
Un partido político está formado por militantes. Un
idealista puede pensar que cada uno de ellos quiere lo mejor para su nación o,
por ser más realista, que la fuerza resultante de todas sus voluntades es
buscar lo mejor para la nación. Cuando la teoría económica piensa en un
consumidor, piensa en alguien que elige lo mejor para él; cuando analiza la
actuación de una empresa postula que actúa buscando que el valor actualizado de
sus beneficios sea máximo. Creo que lo más realista en pensar que los
militantes de un partido buscan también lo mejor para ellos: a muchos de ellos
les gustaría que el partido les proporcionara un trabajo lo mejor remunerado
posible y los que ocupan puestos de responsabilidad muchas veces piensan más en
llevarse el dinero de la entidad que administran a casa que en hacer una buena
gestión.
Los ciudadanos tienen derecho a defenderse contra el apetito
de los políticos. Una forma de hacerlo es establecer por ley cuánto puede
cobrar un político cuando desarrolla un cargo público y prohibir expresamente
que este fije su propio sueldo. Imagine que le ponen delante de un maletín
donde hay un millón de euros y le piden que decida cuánto quiere coger. Pues
resulta que en muchos ayuntamientos hay mucho más dinero.
Naturalmente, el sueldo de un político debe fijarse en
proporción con la importancia de su cargo. En el caso de los municipios, hay
que considerar el número de habitantes y el presupuesto del municipio en
cuestión. No soy partidario en absoluto de pagar mal a un político: hacerlo
disuade de concurrir a las elecciones a las personas más capacitadas y fomenta
que aparezcan listas formadas por aves de rapiña que no piensan en cuánto se
les paga legalmente, sino que piensen que proporción del presupuesto de la
entidad pueden llevarse a casa utilizado diversos tipos de estafas.
Cuando se habla de obras públicas, se escucha hablar de
comisiones que pueden suponer un 10% del presupuesto o incluso más. Es más
difícil robar de otras partidas como, por ejemplo, los gastos de personal;
pero, donde hay un concurso, siempre puede aparecer la corrupción. Pagar a los
que gobiernan un municipio un 1% de su presupuesto no es una mala idea: atrae a
personas que pueden hacerlo bien para que compitan por el puesto con las aves
de rapiña que puede haber en otras listas. El 1% del presupuesto puede ser un
sueldo poco competitivo en municipios pequeños. Esto muestra la necesidad de
establecer un sueldo mínimo en este tipo de municipios.
Cuando una empresa no vende su producto no cobra por él: han
apostado por un producto sin éxito y se han equivocado. Esto muestra que la
empresa asume un riesgo. Es absurdo pensar que el Estado tiene que subvencionar
todo aquello que se produce: esto llevaría a producir cosas sin utilidad y a
ponerles precios absurdamente altos.
Con un partido pasa lo mismo: carece de sentido subvencionar
a todos los partidos, ya que esto conduciría a que cualquiera que quisiera
hacer una propuesta política absurda o ineficiente recibiera una subvención
pública. No obstante, quienes apuestan por el caballo ganador merecen una
recompensa: si aquellos que elaboran las mejores propuestas políticas son
recompensados, muchos ciudadanos se unirán para fundar partidos políticos e
invertirán su tiempo y su dinero en estudiar elaborando propuestas políticas.
Por lo tanto, los partidos que concurren para gobernar una entidad merecen una
recompensa cuando su propuesta es apoyada.
Por ejemplo, los partidos que consiguen tener diputados en
el Congreso, no sólo merecen que sus diputados tengan un buen sueldo, sino
también que el partido tenga una generosa subvención que cubra sus costes si
estos son razonables y le proporcione algún beneficio: esto será un atractivo
para que los partidos ajusten sus programas y su actuación a los intereses
sociales.
