¡No más indultos!

La historia de la Humanidad es larga y conoce muchas sentencias injustas. A veces los jueces se equivocan o cometen arbitrariedades. Ningún sistema es completamente seguro frente a los errores o las arbitrariedades; pero unos sistemas son mucho más seguros que otros.

Supongamos que la decisión de un juez fuera inapelable. En este caso, cualquier decisión que tomara determinaría el futuro de los juzgados. En España, la decisión que toma un juez puede ser apelada ante una instancia superior hasta llegar al Tribunal Supremo o, si se conculcan derechos constitucionales, ante el Tribunal Constitucional.

Los jueces no pueden dictar una sentencia infundada: en el derecho español se limitan a aplicar la legislación española. Ninguna ley puede ser contraria a la Constitución de 1978, actualmente vigente. Las Cortes Generales pueden derogar cualquier ley que consideren inadecuada.

Para que una condena sea injusta debería estar dictada siguiendo una ley inapropiada -lo que es improbable- o que el juez no actúe de la forma más adecuada. Frente a los posibles errores de un juez tenemos la garantía de que las decisiones judiciales tienen que estar de acuerdo con un sumario que necesariamente instruye otro tribunal. En este sumario, se analizan cuidadosamente los hechos.

Frente a las garantías para los ciudadanos que da una sentencia judicial, nos encontramos con la arbitrariedad de los indultos. Los indultos se rigen por una ley muy anterior a la Constitución que fue promulgada en 1870. El gobierno no tiene que justificar por qué concede un indulto: es una decisión completamente arbitraria.

Aquí encontramos la primera diferencia entre una sentencia judicial, que es una decisión fundada en unas actuaciones que pueden llegar a tener miles de páginas y que necesariamente es la aplicación de la ley española a un caso particular, y un indulto que, al no estar motivado, no tiene por qué guardar relación con ninguna ley ni con la actuación de la persona que fue condenada.

Las leyes se hacen persiguiendo el bien común, por unas Cortes elegidas por los españoles y pueden ser criticadas por los españoles en general y por los medios de comunicación españoles y extranjeros en particular. Frente a una ley injusta también existe la posibilidad de manifestarse o protestar. Una sentencia judicial es el fruto de estas leyes próximas a lo que los españoles consideran bueno.

Un indulto no tiene nada que ver con la ley o con lo justo: es una decisión arbitraria de un gobierno. Si el indultado fue condenado de acuerdo con una leyes que están hechas para conseguir los mejores resultados para los españoles, el indulto suele ir en contra del interés general.

Montesquieu defendía un estado ideal en el que los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial estaban separados. Cada indulto es una intromisión del poder ejecutivo en el ámbito del poder judicial e incluso del legislativo: sustituye una sentencia justa basada en unas leyes adecuadas por una decisión arbitraria e injustificada de un gobierno.

¿Qué soluciones hay? La primera medida que se debería tomar sería que no se pudiera conceder un indulto sin justificar. Evidentemente esta y otras medidas exigirían cambiar la ley del indulto.

Otra posibilidad sería exigir que un indulto no pudiera ser concedido por el gobierno, sino por el Congreso de los Diputados con una mayoría cualificada, por ejemplo los dos tercios de la cámara; pero incluso esto es inapropiado: muchos de los indultados son políticos corruptos. España, durante una gran parte de la Edad Contemporánea ha sido gobernada por un sistema en el que dos grandes partidos controlaban el Congreso. Esto abre la puerta a que estos dos grandes partidos indulten recíprocamente a los dirigentes corruptos de cada uno.

Creo que en este caso, la solución no está en las medias tintas: hay que suprimir los indultos por completo y derogar cualquier ley que permita a cualquier persona o entidad indultar contra la decisión de un tribunal.

Si en una nación los delitos no fueran castigados, los desaprensivos se apoderarían de ella. Instruir un proceso puede costar mucho dinero: cuando los delitos son complejos y los culpables son defendidos por buenos bufetes de abogados, los sumarios pueden extenderse a lo largo de miles de folios. La sociedad tiene que sufragar los costes de abogados, procuradores, fiscales, jueces, secretarios judiciales, oficiales... Toda esta gran inversión que tiene por objeto proteger a los ciudadanos de los desaprensivos se desperdicia cuando el gobierno indulta a los culpables sin necesidad de justificar su decisión.

El derecho al aborto

El Estado es necesario y para funcionar necesita de dinero. La forma de mantenerlo consiste en que cada ciudadano aporte una parte de su renta. La renta de algunos es demasiado baja para afrontar otras necesidades que no sean las suyas; por eso, los ciudadanos más pobres no pagan el impuesto sobre la renta.

Con la natalidad para algo parecido. Si en una nación no nacieran los suficientes niños, el país acabaría extinguiéndose. Un pueblo tiene una cultura porque sus hijos la perpetúan. De ello deducimos que la natalidad es necesaria. Se trata de establecer cómo deben contribuir los ciudadanos a ella.

Una mujer, para tener un niño, debe invertir nueve meses de su vida engendrándolo. Después, algunas veces tiene que criarlo y educarlo en solitario. En cualquier caso, cuando tiene un hijo, tiene que invertir una gran parte de sus recursos para sacarlo adelante.

El matrimonio permite que el esfuerzo de criar a un hijo se reparta entre los dos cónyuges. No sólo reparte las cargas, sino que le da más seguridad al hijo al prever la posibilidad de que uno falle y el otro le saque adelante.

La idea de que "hay que tener todos los hijos que nos mande Dios" es absurda. En primer lugar, no está tan claro que Dios los envíe. Si supusiéramos esto, también tendríamos que culpar a Dios de los aludes, los terremotos, los maremotos... La idea de seguir adelante con todos los embarazos conduce a la superpoblación lo cual es un error: algunas especies se han extinguido porque desaparecieron sus predadores. Un bebe es el producto de nueve meses de esfuerzo de una mujer y tarda dieciocho años más en convertirse en un adulto.

Desde luego, el aborto no es el mejor método anticonceptivo. Curiosamente, los mismos que se oponen al aborto suelen oponerse también al resto de los métodos anticonceptivos, lo que lleva que algunas no los usen por ignorancia o por motivos religiosos y se queden embarazadas. Muchas de ellas terminan abortando.

El Estado es el responsable de la defensa de los intereses nacionales y, por lo tanto, de controlar la natalidad. Una natalidad demasiado grande conduce a la superpoblación; otra demasiado baja, a la despoblación. Como decía Aristóteles, "la virtud está en el término medio". Dado que sacar adelante a los hijos es caro, la existencia de anticonceptivos implica que la natalidad tiende a ser menor de lo deseable. La forma de remediarlo no es obligar a algunas mujeres a seguir adelante con embarazos que no desean, sino hacer más atractivo tener hijos para algunas familias.

Aumentar el número de guarderías, reducir su precio u ofrecerlas de forma gratuita contribuye a aumentar la natalidad como también lo hacen fuertes desgravaciones fiscales por cada hijo, la enseñanza gratuita y de calidad -si la gratuita es mala, los padres tienen que pagar más para que sea buena-, libros de texto gratuitos, buenas instalaciones deportivas...

A un empresario no se le puede exigir que invierta en un negocio en el que va a perder dinero. De la misma forma, el Estado no puede considerarse el dueño del cuerpo de una mujer y obligarla a engendrar un hijo durante nueve meses: es un acto de violencia contra la mujer que se convierte durante este periodo en un bien público del que el Estado dispone.

El feto al principio sólo es un grupo de células y es fácil de eliminar. Es un error dejar que el embarazo siga adelante y abortar cuando es un ser antropomorfo: la vida humana no está segura si se permite eliminar seres antropomorfos. Por ello, el embarazo sólo se debe permitir en los primeros meses de gestación.