lunes, 7 de marzo de 2016
Los apoyos no son gratis
Ciudadanos y PSOE han llegado a un acuerdo para decidir lo que hay que hacer y les extraña que los demás no lo apoyen. ¿Por qué no lo hacen?
Los demás partidos quieren ver presentes sus aspiraciones en el contrato. No les van a dar su apoyo gratis: si lo quieren tendrán que lograrlo mediante una transacción. El 'aquí se hace lo que yo digo' de Pedro Sánchez es una conducta más propia de un tirano que de un primer ministro que tiene que representar a la mayoría de un parlamento.
En el Congreso hay 350 diputados. Basta con el apoyo de la mitad más uno de ellos: 176. ¿Es tan difícil lograr el apoyo de estos diputados? Lo es si el PSOE les ningunea y se niega a pactar con ellos el programa de gobierno y los puestos en este. No creo que todos los demás partidos salvo el PSOE y Ciudadanos quieran forzar nuevas elecciones: lo que quieren es que les den algo a cambio de su voto. Si Pedro Sánchez sigue fascinado con su pacto con Ciudadanos y se niega a pactar con los demás su programa de gobierno, el resultado será que habrá que convocar nuevas elecciones y probablemente aparezca el mismo problema: el PSOE no tendrá mayoría para gobernar y tendrá que pactar con otros para lograr su apoyo.
miércoles, 2 de marzo de 2016
¿Qué es lo que tienen Ciudadanos, el PSOE y Podemos en común?
Pedro Sánchez no ha superado la primera votación de investidura. Convocar nuevas elecciones tiene un coste y todo hacer suponer que sus resultados no serían muy distintos. ¿Cuál puede ser la mejor solución?
En mi opinión, la mejor solución sería un pacto entre Ciudadanos, Podemos y el PSOE. Las posturas de Ciudadanos y Podemos parece bastante enfrentadas; pero recuerdo un Salvados donde Jordi Évole discutió con Albert Rivera y Pablo Iglesias y tenían bastantes puntos de vista en común. Tanto Podemos como Ciudadanos deben ser conscientes de que, si quieren ejecutar todo su programa, deben conseguir la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado. Dado que no es así, deben transigir.
Se trata de buscar aquellas medidas en las que tanto Ciudadanos, el PSOE y Podemos están de acuerdo y hacer un programa basado en ellas. Está claro que objetivos de los tres partidos se quedarán fuera de ese programa; pero hay que recordar que España es una democracia y deben llevar a cabo lo que han votado los ciudadanos y estos no han querido darle la mayoría absoluta a ninguno de los tres partidos.
Un gobierno Ciudadanos + Podemos + PSOE tendría mayoría absoluta en el Congreso y podría darle a España un gobierno estable y espero que progresista.
lunes, 1 de febrero de 2016
¿Es legítima una coalición con Ciudadanos?
Leo que Pablo Iglesias se opone a una coalición entre PSOE y Ciudadanos. Supongamos que sólo existieran dos alternativas: coalición entre PSOE y Ciudadanos o nuevas elecciones. ¿Cuál sería la mejor? El Congreso elegido el 20 de diciembre de 2015 es el resultado de la concurrencia de varios factores: la ley electoral, las listas construidas por los dirigentes de los partidos y el voto de los ciudadanos. Dado que ninguno de ellos ha cambiado demasiado, ¿tendría alguna utilidad el esfuerzo de hacer votar de nuevo a los ciudadanos para recoger unos resultados semejantes?
Dado que no podemos conocer la voluntad divina, es difícil asegurar que la participación de un partido en el gobierno es contraria a esta. La política es el arte de gobernar una entidad para conseguir los mejores resultados. Aranguren nos mencionaba que el mejor zapatero no es necesariamente el que hace los mejores zapatos, sino el que sabe aprovechar mejor el cuero del que dispone. En este caso, el cuero es lo que han votado los ciudadanos y un buen político será aquel que sepa utilizar aquello que han votado los ciudadanos para conseguir los mejores resultados para España.
En principio, no es necesaria la presencia más de un partido en el gobierno; pero sí es necesario que le apoye la mayoría del Congreso bien con su voto o bien con su abstención. Un instrumento para lograr este apoyo consiste en permitir la entrada en el gobierno de otros partidos. La cuestión es optimizar los apoyos para conseguir que el programa de gobierno sea el mejor.
Para conseguir buenos resultados en una negociación a veces hay que ponerse duro; pero España necesita algo mejor que un gobierno en funciones: necesita un gobierno que pueda tomar decisiones duraderas. Las negociaciones sólo darán fruto si aparece un gobierno así.
Dado que no podemos conocer la voluntad divina, es difícil asegurar que la participación de un partido en el gobierno es contraria a esta. La política es el arte de gobernar una entidad para conseguir los mejores resultados. Aranguren nos mencionaba que el mejor zapatero no es necesariamente el que hace los mejores zapatos, sino el que sabe aprovechar mejor el cuero del que dispone. En este caso, el cuero es lo que han votado los ciudadanos y un buen político será aquel que sepa utilizar aquello que han votado los ciudadanos para conseguir los mejores resultados para España.
En principio, no es necesaria la presencia más de un partido en el gobierno; pero sí es necesario que le apoye la mayoría del Congreso bien con su voto o bien con su abstención. Un instrumento para lograr este apoyo consiste en permitir la entrada en el gobierno de otros partidos. La cuestión es optimizar los apoyos para conseguir que el programa de gobierno sea el mejor.
Para conseguir buenos resultados en una negociación a veces hay que ponerse duro; pero España necesita algo mejor que un gobierno en funciones: necesita un gobierno que pueda tomar decisiones duraderas. Las negociaciones sólo darán fruto si aparece un gobierno así.
martes, 1 de septiembre de 2015
Los principios sagrados
En una democracia directa, no hay principios sagrados: el
contenido de su constitución es el fruto del trabajo de sus congresistas y de la participación del pueblo a través de referéndums. Su constitución refleja
aquellas normas que la mayoría del pueblo considera adecuadas. Es fruto de la
voluntad colectiva y no de los intereses de una minoría. En Suiza, los ciudadanos pueden vetar cualquier reforma
constitucional a través de un referéndum: de esta forma se logra que la
constitución refleje la opinión de la mayoría de sus ciudadanos.
¿Por qué no debe haber principios sagrados en una constitución? Si son sagrados, emanan de la voluntad divina; pero Dios no se
comunica con los seres humanos a través de ningún medio conocido: no existe
ninguna radio donde podamos escuchar la voluntad divina ni ningún periódico
donde podamos conocer sus órdenes. Si acudimos a los libros sagrados, existe
información contradictoria: el Corán y la Biblia no siempre son coherentes: no
existe ninguna norma en esta última que aconseje hacer la guerra a quienes no
son fieles al Corán.
Dado que los textos sagrados no son coherentes entre sí, no
es racional considerarlos frutos de la voluntad divina sino formas más o menos
acertadas de acercarse a Dios. Los aztecas sacrificaban a veces filas de miles
de prisioneros a su dios de la guerra. Esto no se puede considerar bueno en un
país democrático y seguramente no formaría parte de su constitución aunque los
aztecas lo consideraran un acto sagrado.
En el mundo abundan y han abundado a lo largo de la
historia, personas que dicen tener un conocimiento fiel de la voluntad divina
pero están dispuestos a defender una premisa o la contraria según por qué los
paguen más. Más de una vez se ha cambiado una ley para beneficiar a una persona
poderosa o se ha construido otra a medida de sus intereses. La aprobación por
parte del Papa de un matrimonio real se ha conseguido más de una vez mediante
grandes recompensas a la Iglesia.
Nada asegura tampoco que la voz de nuestra conciencia sea la
voluntad divina; pero, desde un punto de
vista ético, es una fuente más segura. Si una reforma constitucional se aprueba
en referéndum, tenemos la seguridad de que la mayoría de los ciudadanos la
consideran buena. Lo que es discutible es el sentido de la palabra 'bueno'. En
realidad, 'bueno' aquí significa conforme con algún criterio: la norma suele ser apoyada porque se considera buena para el país o está de acuerdo con el
criterio de la mayoría de sus ciudadanos o con sus intereses.
Supongamos que el voto está determinado por el interés del
votante. Una norma se aprueba si está de acuerdo con los intereses de la
mayoría de los ciudadanos y se rechazará en caso contrario. Si existe una
comisión de 'hombres sabios' o santos elegida de otra manera, esta norma se
aprobará si está de acuerdo con los intereses de estos 'hombres sabios' y se
rechazará si les perjudica a ellos o a quienes les hayan comprado.
La ausencia de una comisión de 'hombres sabios' que decide
si una ley está de acuerdo con 'los principios sagrados' permite que se legisle
de acuerdo con el interés de los ciudadanos y no con el de estos 'hombres
sabios' o de quienes puedan permitirse el lujo de comprarlos o amedrentarlos.
En Irán, existe el Consejo de Guardianes que decide quién es
digno de presentarse a las elecciones: debe ser un musulmán piadoso de acuerdo
con sus criterios. Está claro que un país donde una persona no puede concurrir
a las elecciones si no lo autoriza un consejo no es una democracia.
En una democracia directa, no debe existir un tribunal constitucional que decida si una ley está o no de acuerdo con la constitución del país.
Los diputados no deben aprobar una ley que esté contra ella y, si lo hacen, el
pueblo puede anular la ley mediante un referéndum vinculante.
Por otra parte, el órgano supremo del poder judicial en una
democracia directa es elegido por el pueblo y no debe estar tutelado por otro
formado por personas conscientes de los 'principios sagrados'.
viernes, 5 de septiembre de 2014
¿Por qué es necesaria la iniciativa popular directa?
En un estado, existe la iniciativa legislativa popular si un
grupo de ciudadanos puede reunir firmas para apoyar un proyecto legislativo y,
si consigue el mínimo establecido por la ley, lograr que este sea tomado en
consideración.
La iniciativa legislativa puede ser directa o indirecta. Si
es directa, debe ser aprobada o rechazada en referéndum vinculante: es lo que
sucede en Suiza. La indirecta no pasa de ser una manifestación popular: si el
parlamento no ha querido aprobar una ley a pesar de la presión popular, es
posible que continúe en sus trece a pesar de la iniciativa legislativa.
La iniciativa legislativa popular existe en Suiza y en
algunos estados norteamericanos: es el caso de Washington o California.
La función de la iniciativa legislativa popular no es cargar
sobre las espaldas de los ciudadanos la función legislativa: en todos los
estados donde existe la iniciativa popular hay un parlamento con una o dos
cámaras. La iniciativa legislativa popular evita que los políticos legislen
según sus intereses en contra de los intereses de los ciudadanos.
Mientras las leyes reflejan fielmente la voluntad de los
ciudadanos, es poco probable que una iniciativa legislativa prospere: hay que
reunir muchas firmas y aprobarla en referéndum. Pero, cuando una minoría
controla o utiliza el parlamento para servir a sus intereses, los ciudadanos
tienen un arma poderosa para defender sus derechos: pueden presentar una
iniciativa legislativa y aprobarla en referéndum vinculante.
Los políticos corruptos no son demócratas aunque finjan
serlo para alcanzar los puestos donde pueden enriquecerse a costa del dinero de
todos. Los ciudadanos no quieren que les roben y no lo permitirían si
existieran armas para evitarlo. La iniciativa legislativa directa es el arma
que necesitan los ciudadanos para evitar que los corruptos se apoderen del
estado.
Se habla de 'puertas giratorias' cuando un político, en
lugar de administrar la entidad que se le ha confiado de la mejor manera posible,
actúa en beneficio de una empresa privada que le contrata cuando termina su
mandato público concediéndole un buen puesto -frecuentemente en un consejo de
administración- que recompensa sus servicios al contratante en perjuicio del
interés de la mayoría de los ciudadanos. Este fenómeno es menos probable si
existe la iniciativa popular directa que permite que los ciudadanos aprueben
leyes que defiendan lo que es suyo.
sábado, 8 de febrero de 2014
Democracia directa para España
La situación política en España es difícil. Hay indicios de
que muchos políticos importantes han cobrado sobornos. Estos conducen a quienes
lo reciben a hacer lo mejor para quienes les pagan, no lo mejor para España. La
democracia directa puede ser la solución contra la corrupción. Los ideales
existen en los libros; pero podemos ver regímenes políticos bastante próximos a
la democracia directa en Suiza y en muchos de los estados que forman parte de
los Estados Unidos de América.
La teoría económica supone que cada agente económico hace lo que más le conviene y, usando esta hipótesis, intenta explicar los fenómenos
económicos. Puede que esta hipótesis no llegue a ser exacta; pero permite
explicar con precisión la conducta humana.
La democracia representativa se basa en representantes
elegidos por el pueblo o por otros representantes que ocupan los distintos
puestos desde los que se dirige el Estado. En la República Romana, se llamaban
magistraturas; pero, dado que hoy en día la palabra sólo suele usarse para
cargos judiciales, podemos llamarlos cargos políticos.
El problema es que los representantes no suelen hacer lo
mejor para aquellos que representan; sino lo mejor para sí mismos. Un
representante sólo tiende a hacer lo mejor para sus representados si espera
lograr a cambio una gran recompensa o si le aguarda un fuerte castigo seguro si
les traiciona. La impopularidad que acarrea tomar decisiones impopulares y que
estas se conozcan a través de los medios de comunicación incita a los políticos
a actuar mejor.
Si un conjunto de políticos elige a otro para un cargo
político, no suele elegir al que mejor servirá al pueblo, sino al que mejor
servirá a sus intereses. Si se producen varias elecciones así en cadena
-políticos que eligen a representantes que eligen a otros políticos- el
resultado es un Estado cuyas acciones tienen poco que ver con el interés
general.
La principal característica de la democracia directa
consiste en eliminar muchos mediadores entre los ciudadanos y las decisiones importantes.
En particular, en elegir directamente a las personas más importantes del
Estado.
En muchos estados de Estados Unidos, el fiscal general del
Estado es elegido directamente. También es frecuente que se elija directamente
el órgano judicial supremo, que en España es actualmente el Consejo General del
Poder Judicial. Por ejemplo, en el estado de Washington -no confundir con la
ciudad de Washington que es la capital de Estados Unidos y está muy lejos de
este estado-, los nueve jueces que
integran la Corte Suprema de Washington son elegidos de tres en tres cada tres
años. De esta forma, se consigue un poder judicial cuya actuación está más
próxima a las opiniones de los ciudadanos que a los intereses de los políticos.
Sobre la eficacia de los fiscales elegidos directamente merece ser destacado
Rudolph Giulliani que como fiscal del Distrito Sur de Nueva York consiguió
ganar más de un 99% de los casos.
Tres instrumentos de la democracia directa que merecen ser
destacados son la iniciativa popular directa, el referéndum vinculante y la
revocatoria. La primera consiste en que, si un grupo de ciudadanos consigue el
número de firmas necesario para apoyar una iniciativa legislativa, esta debe
ser votada en referéndum. El referéndum es vinculante si lo que se decida debe
ser recogido como ley y prevalece sobre lo que decidan otros poderes del
Estado. En particular, la constitución puede ser modificada mediante
iniciativas legislativas directas y referéndums vinculantes: así sucede en
Suiza.
Esta forma de hacer las cosas impide que suceda lo que en
Irán, donde existe un 'Consejo de Guardianes de la Revolución' que no elige el
pueblo y puede vetar cualquier ley y decidir quién es digno de presentarse para
un cargo político. Si existe un órgano del Estado ajeno al pueblo cuyos
miembros deciden a quién se puede elegir y qué leyes son 'legítimas', este
órgano impide que quienes dirigen el Estado sean aquellos que desea el pueblo o
que las leyes se ajusten a la voluntad popular. Por último, la revocatoria consiste en que el pueblo puede
revocar el mandato de un cargo elegido si su actuación no satisface a quienes
le han elegido.
Cuando se elige a un cargo importante, es conveniente que la
elección se haga a dos vueltas: en la primera, se distinguen los candidatos más
populares y, en la segunda, los dos candidatos con más votos en la primera se
disputan el puesto. Si no se obra así, es posible que un político impopular
consiga el cargo. Por ejemplo, supongamos que hay cuatro candidatos que tienen
el 15%, el 20%, el 30% y el 35% de los votos. Si hay una sola vuelta, podría
triunfar el último candidato aunque el 65% del electorado le considere
inaceptable. Si hay dos vueltas, triunfará el tercero si los ciudadanos
consideran que es la mejor opción.
miércoles, 31 de julio de 2013
El fiscal general del Estado debe ser elegido directamente
Un día sí y el otro también los chanchullos de los políticos
nos sorprenden. Las investigaciones judiciales son lentas y sus delitos suelen
prescribir. Si no lo hacen, siempre está el gobierno de turno para indultarle.
Para un político, un político corrupto es, sobre todo, un
político: un compañero de partido que puede apoyarle en los distintos comités de
los que forma parte y en los que su poder viene dado no sólo por su voto sino
por otros votos que puede conseguir otorgando cargos, contratos e incluso
sobornos en metálico. Si se ataca a un político corrupto, otros como él -que
son muchos- se sentirán amenazados y le negarán su voto a quien lo haga.
Si el fiscal general del Estado lo elige el presidente del
gobierno, lo está eligiendo un político que ha sido elegido por otros como él.
En la práctica, los políticos están eligiendo a quien les va a acusar y
elegirán a la persona más cómoda.
Frente a la realidad de un fiscal para los políticos, está
el ideal de un fiscal para la nación: un fiscal que defienda los intereses de
los españoles. ¿Cómo se puede lograr esto? No es tan difícil: basta con que, en
lugar de elegirlo los políticos, lo elijan los españoles directamente. Para
ello, bastaría crear un distrito electoral único y permitir que se presentaran
candidatos. Creo que exigir muchos avales lleva a que sólo se puedan presentar
los apoyados por los grandes partidos políticos: con un par de miles de firmas
sería suficiente.
Un fiscal así elegido perseguiría su reelección siempre que
esté bien pagado: si se le paga mal, puede que haga méritos para conseguir ser
asesor jurídico en un banco o algo parecido. Por hablar de cifras, pienso en un
salario bruto anual de 200.000 euros o más. ¡Los chorizos nos cuestan mucho más
dinero!
En realidad, con este sistema los fiscales serían los
españoles que se encargarían de buscar a una persona que representara sus
puntos de vista. Cómo en los asuntos penales las decepciones son frecuentes,
convendría que las elecciones también lo fueran. Creo que el fiscal general del
estado debería ser elegido anualmente, aunque el que estuviera en el cargo
pueda ser reelegido. De esta forma se evita que el fiscal, una vez elegido,
haga amistades en entre los políticos y financieros y se preocupe más de
complacer a sus poderosos nuevos amigos que a quienes le han elegido. El fiscal
general debe ser una persona que actúe de manera que la mayoría de los
españoles esté de acuerdo con él.
Naturalmente, para elegir así el fiscal, hay que cambiar su
constitución: algo frecuente en países democráticos como Alemania o Estados
Unidos, que la han cambiado muchas veces.
Muchas personas sensibles estamos preocupadas por la soledad
de Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real. Un fiscal elegido por los
españoles y no sólo por los políticos podría llevar a esa cárcel a algunos de
los amigos de don Luis que le harían compañía durante muchos años.
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